La última condena contra Otegi puede derivar en una queja ante la ONU

La abogada Jone Goirizelaia anunció ayer que estudia presentar una queja ante organismos de la ONU que velan por la aplicación de los convenios internacionales en materia de seguridad jurídica por el proceso seguido contra Arnaldo Otegi y que le ha costado una condena de dos años de cárcel y dieciséis de inhabilitación. Ya existen precedentes. El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias denunció en octubre de 2009 el procesamiento de Karmelo Landa.
Jone Goirizelaia destacó la reciente petición de la Asociación Americana de Juristas y el Institute for Planetary Syntesis para que la ONU reitere sus exigencias al Gobierno español en relación «a la ampliación del tipo de `enaltecimiento del terrorismo', a la inseguridad jurídica que crea, y a la falta de legalidad para aplicarlo como se aplica».
Ante este tipo de antecedentes y otros más, la abogada estudia seriamente llevar el caso de Arnaldo Otegi ante «alguno de estos organismos de la ONU que velan por que se apliquen los pactos y convenios internacionales que el Estado español ha firmado y que le obligarían a garantizar la seguridad jurídica y el principio de legalidad».

El antecedente de Landa
En términos genéricos, son ya numerosos los casos en los que organismos internacionales, tanto relacionados con la ONU como otros independientes, han denunciado el «deterioro gradual» que se está produciendo en el Estado español en relación con la expansión de todos los tipos asociados con el delito de terrorismo. Hay informes del Relator Especial de la ONU, del Comité de Derechos Humanos y de otros organismos encargados de velar por la seguridad jurídica que critican la imprecisión de los tipos que dejan un amplio espacio a la arbitrariedad.

Avanzan otro informe contrario a Madrid
La sesión anual del Consejo de Derechos Humanos de la ONU tendrá sobre la mesa la semana que viene otro informe referido a vulneraciones de derechos en el Estado español. Lo presentará el actual Relator contra la Tortura, Manfred Nowak, y según avanzó ayer la organización Behatokia reiterará tanto la denuncia del régimen de incomunicación como la política de dispersión aplicada a los presos políticos vascos. Sobre esta última, Nowak dice que «presenta un riesgo y una carga económica para la familia, y en algunos casos un obstáculo para la preparación de la defensa».
Behatokia considera que este nuevo informe «busca dar continuidad a las recomendaciones ya dadas sobre la tortura en el Estado español y analizar la evolución que este fenómeno haya podido tener». Para ello, Nowak contrasta la opinión facilitada por el Gobierno español con los datos aportados por otras fuentes. Y el observatorio pro-derechos humanos concluye que «se muestra claramente que las posiciones de una y otra fuente en referencia al fenómeno de la tortura son irreconciliables».
El informe hace seguimiento de las recomendaciones hechas en su día por su antecesor, Theo van Boven. Y analiza la situación en el Estado español junto a las de Azerbaiyán, Brasil, Camerún, China, Dinamarca, Georgia, Indonesia, Jordania, Kenia, Mongolia, Nepal, Nigeria, Paraguay, Moldavia, Rumanía, Sri Lanka, Togo y Uzbekistán.
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