Chávez ha subrayado que "el tiempo de la colonia se acabó" y ha indicado que la Audiencia Nacional sería capaz de considerar terrorista "incluso al libertador Simón Bolívar", ha informado la cadena estatal Venezolana de Televisión. "Eso son restos todavía, tristes restos, de las antiguas cadenas que algunos quisieran colgarnos de nuevo aquí al cuello, pero nosotros somos libres", afirmó a un grupo de periodistas en el puerto montevideano.
Tras asistir en Montevideo a la toma de posesión del presidente uruguayo, José Mujica, Chávez ha denunciado de nuevo un supuesto plan a nivel internacional contra Venezuela. "Detrás de todo esto, está el imperio yanqui", ha apostillado, en alusión tanto al auto del juez Velasco como al reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), crítico con la gestión del Gobierno venezolano en cuanto a las libertades civiles.
El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció este lunes desde Hannover (Alemania) que España ha pedido ya explicaciones a Venezuela. En un comunicado, el Ejecutivo de Chávez ha tildado de "tendenciosa", "infundada" e "inaceptable" la acusación y el hecho de que el magistrado se refiera "reiteradamente y de manera irrespetuosa" a Hugo Chávez.
"Señalamientos inaceptables"
A juicio de Caracas, en el auto judicial "se hace referencia a un ciudadano que vive en Venezuela desde mayo de 1989, como producto de los acuerdos alcanzados por Carlos Andrés Pérez y Felipe González". Aunque el comunicado no lo identifica, se refiere a Arturo Cubillas, un presunto miembro de ETA que trabajó para el Gobierno de Chávez y que, junto a los miembros de las FARC Edgar Gustavo Navarro Morales y Víctor Ramón Vargas Salazar, ha sido procesado por Velasco. "Sorprende que en ningún momento se menciona el nombre de los autores de este acuerdo", agrega el texto, para criticar que "el juez se toma la molestia de referirse reiteradamente y de manera irrespetuosa al presidente de los venezolanos, haciendo señalamientos tan tendenciosos como infundados acerca del Gobierno bolivariano".
Según Venezuela, las acusaciones del magistrado "son producto de la utilización de archivos contenidos" en el ordenador "supuestamente incautado a Raúl Reyes", número tres y portavoz de las FARC fallecido en un ataque colombiano a un campamento de esa guerrilla en territorio de Ecuador hace dos años. El comunicado agrega que Maduro, que se encuentra con Chávez en Montevideo, se ha comunicado con su colega español, y le ha recordado "el acuerdo de 1989, por el cual el ciudadano en cuestión reside en Venezuela a petición del Estado español". Añade que en la comunicación Maduro "repudió los señalamientos infames de este juez español y reiteró el profundo apego a los valores democráticos y humanistas que caracterizan al Gobierno Bolivariano de Venezuela". Fuentes de la Cancillería venezolana han explicado en Montevideo que la conversación entre Moratinos y Maduro fue "cordial" y que han quedado en seguir en contacto por este asunto.
El tercer actor implicado, el presidente colombiano, Álvaro Uribe, ha señalado también desde Montevideo que su Gobierno actuará con "prudencia" y buscará "a través de los canales diplomáticos" conocer la verdad de la presunta relación entre las FARC y ETA. El ex presidente colombiano Andrés Pastrana ha reclamado por su parte a Chávez "las aclaraciones necesarias".
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