«La defensa de los derechos básicos, es hoy más importante que nunca; habrá manifestación en Bilbao»

«El derecho de manifestarse, el compromiso de 42 partidos y organizaciones, y de 150 personas de distintas opciones, no pueden ser silenciados y va a seguir adelante. Es un derecho democrático que es inconcebible que no se permita», manifestó Rafa Larreina, en nombre de los convocantes de la marcha pro- hibida poco horas antes por el juez Ismael Moreno.

El representante de Eusko Alkartasuna, que ejerció de portavoz de los reunidos en el salón de actos del Colegio de Abogados de Bizkaia junto a la sindicalista de STEE-EILAS Arantza Fernández de Garaialde, explicó que, tras recibir la notificación de la prohibición del tribunal especial español, iban a efectuar los trámites legales «oportunos» para asegurar que haya una movilización «a favor de los derechos humanos, civiles y políticos». «Lo importante -insistió Larreina, a preguntas de los periodistas- es que va a haber esta manifestación» y, por ello, invitó «al conjunto de la ciudadanía de Euskal Herria para que se implique de forma directa en la defensa de estos principios que son básicos en democracia y que son, además, importantes en este momento concreto de la historia de nuestro país».

Las palabras del ex parlamentario autonómico en Gasteiz sirvieron de colofón a la comparecencia de alrededor de un centenar de personas -en representación de los 42 agentes políticos, sociales y sindicales, además de ciudadanos a título individual- que valoraron la prohi- bición de la Audiencia Nacional de la movilización que el 11 de junio convocaron en ese mismo escenario y que ratificaron el 4 de setiembre en otra concurrida rueda de prensa en el Kafe Antzokia de Bilbo.

Ante la decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 del tribunal especial, subrayaron con firmeza que «los derechos que reivindicamos quienes formamos parte de Adierazi EH! son inalienables y nos corresponden a todos y todas, por lo que no pueden ser negados ni prohibidos». Fernández de Garaialde, en euskara y castellano, resaltó que la resolución judicial «supone prohibir la defensa de los derechos civiles y políticos e incluso la defensa del derecho a la vida».

Tampoco pasaron por alto los convocantes que el origen de la prohibición partiera del Ejecutivo de Lakua, en concreto del Departamento de Interior, lo que consideraron «sumamente grave y especialmente denunciable. Utilizando una vez más la Audiencia Nacional española -remarcaron- como instrumento, están llevando a cabo una oscura operación de caza de brujas y macarthysmo».

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Cuando la Audiencia Nacional se convierte en el portavoz más eficaz de Adierazi EH