El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha prohibido la manifestación convocada este sábado por el restablecimiento de los derechos civiles y políticos en Euskal Herria, al considerar que podría constituir un delito de enaltecimiento de terrorismo.
En su auto, el magistrado ordena al departamento de Interior del Gobierno vasco, a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil que "adopten las medidas necesarias para impedir la celebración del acto, eviten la comisión de hechos delictivos y procedan a instruir las diligencias necesarias en relación con quienes" participen en el mismo.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió ayer que se prohibiera la manifestación de este sábado al creer que la plataforma convocante "no es más que una sucesión de Batasuna y que sigue las directrices" de ETA.
Según el escrito remitido por el fiscal jefe de este tribunal, Javier Zaragoza, al Juzgado Central de Instrucción número 2, la plataforma Adierazi Euskal Herria está formada por procesados y acusados de colaboración o integración en banda terrorista y "el acto en cuestión se ha convocado con el propósito de apoyar la estrategia de la organización terrorista y de justificar las acciones de sus miembros". Por este motivo, reclamaba al juez que ordene a la Consejería de Interior del Gobierno Vasco que "adopte las medidas necesarias para impedir su celebración, evite la comisión de hechos delictivos y proceda a instruir las diligencias" sobre quienes participen en la marcha.
No tiene en cuenta el fiscal que la manifestación cuenta con apoyos muy plurales que van desde organizaciones como Euskal Herrian Euskaraz, Euskal Herriak Bera Eskola, Esait, Eskubideak Abokatuen Elkartea, Etxerat, Gazte Abertzaleak, Gazte Independentistak, Gazteherria, Behatokia, Gurasoak Elkartea, Iratzarri, Ikasle Abertzaleak, Bilgune Feminista, Elkartzen, Ahaztuak, Amnistiaren Aldeko Mugimendua y Salhaketa Bizkaia, hasta IPES, Eguzki, Anitzak, Askapena, Bai Euskal Herriari, TAT, Gorripide y Lau Haizetara.
Lokarri, la red ciudadana por el acuerdo y la consulta, que también se ha adherido a la marcha junto a formaciones como Aralar, EA, Alternatiba o los sindicatos ELA, LAB, HIRU, EHNE, STEE-EILAS y ESK, criticó ayer la petición de prohibición, que consideró un "grave error" y "un intento por recortar el derecho a la manifestación, expresión y asociación". Además, aseguró que "es imposible sostener que esta plataforma está a las órdenes de ETA". En similares términos se pronunciaron Aralar y EA, que ven en esta iniciativa un "intento de criminalizar las ideas políticas".
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