domingo, 4 de julio de 2010

La policía autonómica vasca golpea a trabajadores en la jornada de huelga general

Algo más que una suma


"Tras Lizarra y el golpe de Estado unionista no hay espacio para medias tintas. Fuera del horizonte independentista no existe alternativa abertzale, sino regionalista. Estamos ofreciendo una alternativa ganadora, ligada a las convicciones y los deseos mayoritarios pero, al mismo tiempo, ambiciosa".

Fuerzas soberanistas convocan una manifestación en Donostia el próximo sábado


En el contexto creado por el fallo del Tribunal Constitucional español contra el Estatut de Catalunya, tres fuerzas soberanistas vascas han decidido convocar al conjunto de la ciudadanía de Euskal Herria para plasmar en las calles de Donostia la reivindicación de la autodeterminación. La cita será el próximo sábado, a las 17.30, en las inmediaciones del túnel del Antiguo.

Representantes de la izquierda abertzale (Miren Legorburu y Rufi Etxeberria), de Eusko Alkartasuna (Mariano Alava e Ikerne Badiola) y de Alternatiba (Ander Rodríguez y Jonathan Martínez) comparecieron ayer ante la prensa, media hora antes del mediodía, para detallar la caracterización de la convocatoria de esta movilización nacional. Antes de entrar en materia, dieron a conocer que Aralar decidió dar marcha atrás a última hora, lo que explicaba que ningún representante de esa formación estuviera en la mesa pese a que el día anterior se había anunciado su presencia entre los convocantes.

Badiola y Rodríguez fueron los encargados de leer el texto consensuado, que arranca haciendo mención a la resolución del TC que recorta «el Estatut aprobado por la ciudadanía catalana», lo que, como indicaron, viene a reflejar «que la Constitución española es un instrumento para la negación de los derechos y aspiraciones democráticas» tanto de Catalunya como de Euskal Herria. También recordaron que, precisamente, el mismo sábado día 10 se llevará a cabo una manifestación en Barcelona con un lema muy similar: «Som una nació. Nosaltres decidim» [más información sobre esa convocatoria en las páginas 28 y 29].

«La voluntad popular no se puede secuestrar ni borrar por medio de una Constitución o un ámbito judicial que es ajeno a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía», añadieron, antes de plantear la necesidad de forjar «un nuevo marco político que recoja el derecho a decidir o el derecho de autodeterminación para dos pueblos que quieren elegir su futuro, para Catalunya y Euskal Herria».

Aunque estas formaciones políticas asumen que los distintos aparatos del Estado español «pretenden neutralizar las condiciones sociopolíticas ya afianzadas» en ambas naciones, consideran que tanto la sociedad vasca como la catalana «han declarado siempre que han tenido oportunidad» que aspiran a desarrollarse «en un ámbito democrático en el que se respeten todos los derechos».

Precisamente, según indicaron, ese espacio en el que se reconozca que Euskal Herria y Catalunya son «sujetos propios de decisión» debe constituir «el punto de encuentro de las opciones políticas».

Reclaman el fin de «la cadena perpetua» que sufre «Gatza»

La pancarta que exigía la inmediata puesta en libertad de los presos enfermos y de los que han cumplido su condena esperaba, al mediodía de ayer, la llegada de los manifestantes en la plaza de Zornotza. Santos Sagardui y Bego Moja, padre y madre de Joxe Mari Sagardui, Gatza, así como la joven hija del preso político, Goiztiri Sagardui, eran los portadores de la misma, lo que hizo que los primeros pasos de la movilización fueran especialmente emotivos al ser arropados entre ensordecedores aplausos por los asistentes.

Alrededor de millar y medio de personas secundaron la marcha en solidaridad con Joxe Mari Sagardui, Gatza, quien el próximo jueves cumplirá tres décadas en las cárceles españolas. Sus familiares, aquellos que llevan años viajando cada fin de semana y esperando la liberación de su ser querido, fueron los protagonistas de la marcha, más aún cuando el dantzari que interpretó el aurresku de honor no pudo contenerse y gritó «Aupa zuek!».

En el acto político posterior, se lamentó que los estados español y francés estén «lejos de la resolución democrática y cerca del conflicto y del sufrimiento», por lo que fijaron como prioridad superar las «extremas condiciones» que padece el Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK), como son «la cadena perpetua», el aislamiento al que son sometidos o la precaria situación de los presos enfermos.

Desde el escenario insistieron en que las nuevas condiciones reclamadas por la mayoría de la ciudadanía «llegarán con la materialización del proceso democrático», aunque advirtieron de que este proceso sólo será una realidad si agentes y ciudadanos «lo alimentan, lo labran y lo tejen».

En este este sentido, el movimiento pro amnistía abogó por buscar una salida a la situación que viven los presos y las presas y aseguró que la «meta en este camino será la amnistía»; «una amnistía que dé salida a las consecuencias del conflicto», apostillaron.

Mientras tanto, alertaron de que hay mucho trabajo por hacer en favor del respeto a los derechos de los presos y animaron a la ciudadanía a coger durante este verano el testigo de la lucha iniciada por EPPK.

La localidad vizcaina fue testigo de la solidaridad existente hacia su vecino encarcelado hace tres décadas. A lo largo de todo el recorrido de la manifestación, decenas de pancartas exigían la puesta en libertad de Gatza, al mismo tiempo que recordaban que la suya no es la única situación injusta que sufren vecinos de este municipio. Recordaban que los zornotzarras Juan Joxe Legorburu e Iñigo Akaiturri han visto alargada su condena en los últimos meses.

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«Gatza», Mandela y Peltier, tres largos cautiverios de tres pueblos oprimidos

Ediles independentistas, procesados en la Audiencia Nacional


Izaskun Cebrián, Ezekiel Martín y Fermin Irigoien están probando en sus carnes que en Euskal Herria algunos ediles no tienen un plus de garantías jurídicas para su labor, sino justo al contrario. Confiesan que no esperaban entrar en el Ayuntamiento para trabajar por el pueblo y acabar en la Audiencia Nacional. El proceso les ha permitido descubrir una realidad bipolar en Berriozar: están decepcionados con sus compañeros de Corporación, pero reconfortados por el respaldo de vecinos de todas las ideologías. El martes 13 de julio tendrán que sentarse en el banquillo en Madrid por una acusación que les resulta realmente difícil describir.

Supongamos que tienen que explicarle este juicio a un concejal de otro país de Europa. ¿Cómo lo harían?

Fermin IRIGOIEN: Buff, es tan difícil... El otro día vinieron por aquí unas estudiantes checas con una cámara de televisión. Estaban haciendo un trabajo de fin de carrera, habían estado ya en otros sitios de Euskal Herria y sabían cuál es la situación política, pero esto no les entraba en la cabeza.

Ezekiel MARTÍN: Nos van a juzgar por defender unos derechos legítimos. En el Ayuntamiento no se cansan de decir que hay que respetar unos derechos básicos, y es cierto. Nosotros estamos de acuerdo en que hay un derecho a la vida, pero también hay otros derechos que aquí se incumplen. Con nuestro caso, por ejemplo, quieren eliminar la representación de la voluntad popular. Yo no me considero un político, sino una persona que trabaja por su pueblo y que quiere que se dejen de pisotear esos derechos. Y se me hace difícil entender qué grandes intereses políticos puede haber en este caso.

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viernes, 2 de julio de 2010

La familia de Jon Anza reclama explicaciones por la falta de investigación


Tras constatar que la investigación llevada a cabo por la fiscal de Baiona contiene importantes omisiones, los abogados de la familia de Jon Anza han instado a la ministra de Justicia a realizar una investigación interna. Así lo hicieron saber, ayer, con el apoyo de la Liga de Derechos Humanos que se suma a la petición y exige que «se haga la verdad sobre el caso».

Arropados por la Liga de Derechos Humanos (LDH) y en presencia de su presidente Jean-Pierre Dubois, Anaiz Funosas, miembro del colectivo Jon Anza y los abogados Xantiana Cachenaut y Julien Brel comparecieron ayer, en París, junto a la compañera y hermano del militante donostiarra y dieron a conocer que el pasado 18 de junio enviaron una carta a la Ministra de Justicia, Michèle Alliot-Marie, instándole a que abra una investigación interna en los servicios de la fiscalía de Baiona.

Tras personarse como acusación particular, los abogados de la familia han podido tener acceso a algunos elementos de la investigación preliminar y se han percatado de que la fiscal Anne Kayanakis, encargada del caso, no llevó a cabo las pesquisas que pueden considerarse pertinentes en Toulouse.

Brel afirmó que «no hay traza de actos de investigación» que se hayan realizado en la capital occitana lo que, dado que desde el principio se conocía el destino de Anza, resulta, cuando menos, «inexplicable».

Según el letrado, existen numerosos comprobantes de que se requirió información a los centros hospitalarios situados en el trayecto desde Baiona a Toulouse así como de las respuestas recibidas. Sin embargo, las peticiones de información se paran en Saint Gaudens y ningún centro hospitalario de Toulouse fue interpelado.

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Entrevista: «No se trata de una desaparición cualquiera»


Ares inaugura su campaña de verano contra la solidaridad hacia los presos


La Policía autonómica vasca contará a partir del día 13 con una división policial que se encargará de llevar a las calles de Gipuzkoa, Araba y Bizkaia la apuesta de Interior de Lakua por «ganarle la calle a los violentos». Estos policías serán quienes, según Ares, se encarguen de supervisar durante las fiestas de los pueblos que no haya muestras de solidaridad hacia los presos políticos vascos o la presencia de actos y propaganda de organismos de la izquierda abertzale.

El consejero de Interior de Lakua, Rodolfo Ares, anunció ayer mediante una entrevista radiofónica «ad hoc» en el ente público de la CAV que a partir del próximo día 13 entrará en acción en las calles de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba una nueva brigada de la Policía autonómica que, entre otras cuestiones, se encargará de «velar porque la convivencia pacífica se desarrolle en nuestras calles y ciudades, en nuestras fiestas, para que no haya ningún espacio de impunidad» y para «ganarle la calle a los violentos» en el verano.

Al respecto, Rodolfo Ares se ufanó de que en un año Interior de Lakua ha llevado a cabo 700 «acciones de retirada de elementos alusivos a ETA», donde, bajo su lógica, entran también las muestras de solidaridad a los presos vascos. Lo que no detalló fue las arbitrarias imputaciones, detenciones, hospitalizaciones, cargas y contusiones que la Ertzaintza ha provocado durante todo ese tiempo en su lucha de «tolerancia cero».

El consejero de Interior señaló que van a seguir «trabajando a lo largo de este verano» para «ganarle la calle a los violentos» y a los que quieran utilizar las fiestas y los pueblos «para seguir desarrollando actividades en defensa de los postulados que amparan y justifican la violencia terrorista». Aunque ayer no ahondó demasiado en ello, cabe recordar que el consejero de Interior ya rubricó un acuerdo con Eudel con objeto de impedir que los organismos políticos, sociales y populares que muestren carteles o pancartas alusivas a la izquierda abertzale o a los presos políticos vascos en las txosnas de las fiestas sean vetados para próximas ediciones y retirarles, además, las ayudas que podrían percibir.

Al respecto, se mostró satisfecho por la colaboración que están mostrando las administraciones y, en concreto, los ayuntamientos para impedir la colocación de txosnas «que puedan ser soporte para hacer apología del terrorismo o homenaje a terroristas».

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jueves, 1 de julio de 2010

Nuevas leyes contra el independentismo: Nace la suspensión cautelar de electos y su examen continuo

Los poderes españoles tienen una larga tradición inquisitorial. Y entre sus representaciones más crueles e irracionales se encontraban los autos de fe, donde algunos condenados podían solemnizar su vuelta al seno de la Iglesia o, de lo contrario, afrontar su castigo por herejes impenitentes.

Acomodándolo a los tiempos y a sus nuevas necesidades, PSOE y PP han recuperado en cierta medida esta figura histórica. De acuerdo a las nuevas reglas doctrinales, ya no se exige demostrar la limpieza de sangre cristiana, sino la limpieza de sangre «antiterrorista», algo que, a la vista de las constantes reformas de «perfeccionamiento», se sabe dónde empezó pero no dónde puede acabar.

La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobó ayer, con el apoyo de Coalición Canaria, un dictamen pactado por PSOE y PP cuya intencionalidad, según los titulares de los teletipos, es «arrinconar a Batasuna» o «estrechar el cerco» sobre ella. Para lograrlo, se han introducido nuevas facilidades de plazos y formas para poder ilegalizar partidos y listas. Y también un punto de dudosa legalidad, la incompatibilidad sobrevenida de un electo que no demuestre la mencionada «limpieza de sangre antiterrorista».

La reforma plantea que una persona que haya sido elegida para cualquier cargo en una candidatura de un partido que después de las elecciones sea ilegalizado será declarada incompatible para el cargo por la «Administración Electoral». Pero tiene una forma de demostrar su inocencia: formular «voluntariamente» ante dicha administración y antes de quince días «una declaración expresa e indubitada de separación y rechazo de las causas determinantes de la declaración de ilegalidad» de la candidatura a la que representó.

Pero no basta con expresar por escrito que se abraza fervientemente la doctrina del pacto PSOE-PP. Sobre el acusado recaerá la obligación de demostrarlo día a día en su trabajo institucional. Porque como «a través de hechos, omisiones o manifestaciones» -se dice textualmente- «mostrara contradicción» con su declaración de inocencia, será de inmediato declarado incompatible.

El texto no recoge ningún tipo de garantías procesales para el acusado, ni habla de posibles recursos ni de juicios sometidos a los principios de contradicción e igualdad entre las partes.

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Ediles que dieron impulso a Udalbiltza se declaran «tan culpables como los acusados»


A escasas dos semanas del inicio del juicio contra Udalbiltza, los imputados contaron ayer con el apoyo solidario de concejales de toda Nafarroa. En una comparecencia, animaron a concentrarse mañana a las 13.00 delante del Ayuntamiento de Iruñea y a manifestarse el 17 de julio en Bilbo. Pero, sobre todo, dejaron varias reflexiones significativas sobre el alcance de este proceso y sobre el modo en que afecta a los electos.

Antes que nada, Enrike Miranda subrayó que a quienes se sentarán en el banquillo de los acusados por dirigir Udalbiltza «no los eligió ETA, sino nosotros, más de 1.000 personas reunidas en una asamblea en el Kursaal en 2001. Por lo tanto, somos tan culpables como ellos».

Miranda constató que quien ataca de esta forma a los representantes de la ciudadanía «se acerca más a la dictadura que a la democracia». Preguntó «para qué nos eligió el pueblo» si no se les permite tomar iniciativas tan simples como crear una asociación. Y añadió irónicamente si acaso esta opción cabe «en Andalucía sí, pero en Euskal Herria no».

Voluntad política, la diferencia

Un periodista se interesó por cuáles son las supuestas pruebas concretas contra los imputados. Expe Iriarte puso como ejemplo que en su caso personal se le vincula con ETA por haber colaborado con las ikastolas o con la UEU. Txema Jurado, sentado a su lado, añadió que a él se le achaca «haber promovido tres candidaturas en la zona de Tafalla. Diez años de cárcel», dijo en alusión a la petición fiscal.

Sobre el juicio planea con fuerza el desenlace del «caso Egunkaria», concluido con sentencia absolutoria. El propio Jurado recordó que «un análisis puramente técnico llevaría a cerrar este caso inmediatamente, pero aquí no se actúa por principios jurídicos. La Fiscalía no ha retirado los cargos, como hizo con `Egunkaria'. Y la única diferencia es la voluntad política».

Iriarte apostilló que no sólo está en juego el futuro personal de 22 personas, sino la capacidad de acción política de «todas las personas que tienen un proyecto diferente al del poder». Y Miranda hizo un juego verbal basado en las fechas del juicio: «La democracia española ha suspendido en junio, esperemos que apruebe en setiembre».