Izaskun Cebrián, Ezekiel Martín y Fermin Irigoien están probando en sus carnes que en Euskal Herria algunos ediles no tienen un plus de garantías jurídicas para su labor, sino justo al contrario. Confiesan que no esperaban entrar en el Ayuntamiento para trabajar por el pueblo y acabar en la Audiencia Nacional. El proceso les ha permitido descubrir una realidad bipolar en Berriozar: están decepcionados con sus compañeros de Corporación, pero reconfortados por el respaldo de vecinos de todas las ideologías. El martes 13 de julio tendrán que sentarse en el banquillo en Madrid por una acusación que les resulta realmente difícil describir.
Supongamos que tienen que explicarle este juicio a un concejal de otro país de Europa. ¿Cómo lo harían?
Fermin IRIGOIEN: Buff, es tan difícil... El otro día vinieron por aquí unas estudiantes checas con una cámara de televisión. Estaban haciendo un trabajo de fin de carrera, habían estado ya en otros sitios de Euskal Herria y sabían cuál es la situación política, pero esto no les entraba en la cabeza.
Ezekiel MARTÍN: Nos van a juzgar por defender unos derechos legítimos. En el Ayuntamiento no se cansan de decir que hay que respetar unos derechos básicos, y es cierto. Nosotros estamos de acuerdo en que hay un derecho a la vida, pero también hay otros derechos que aquí se incumplen. Con nuestro caso, por ejemplo, quieren eliminar la representación de la voluntad popular. Yo no me considero un político, sino una persona que trabaja por su pueblo y que quiere que se dejen de pisotear esos derechos. Y se me hace difícil entender qué grandes intereses políticos puede haber en este caso.
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